Recientemente la periodista Lydia Cacho comentó en su articulo “Ente Evita y Marta Sahagún” lo siguiente en relación al papel del DIF en la controversial reforma a las leyes electorales y sobre todo, a su rol en el contexto de la Ley de Trasparencia:
“Mientras el IFE y sus equivalentes en los estados están ocupados monitoreando medios y analizando las trampas que los partidos desarrollan para promoverse fuera del marco de la ley, nadie mira a la caja chica de las y los gobernantes en todo el país, es decir, el DIF (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia). El DIF en sus versiones federal, estatal y municipal es tal vez uno de los organismos públicos descentralizados más opacos del país y con mayor elasticidad para que las y los alcaldes y gobernadores los utilicen para fines electorales. Desde 1977, cuando por decreto presidencial se creó el DIF, se fue gestando un engendro polimorfo cuyo discurso caritativo dio lugar a que las esposas de los gobernantes se hicieran cargo de la asistencia social. Entregarlo a las primeras damas es una estrategia política aberrante, que no ha sido cuestionada por la sociedad. La falta de transparencia operativa, así como la desarticulada creación de programas a gusto de la primera dama en turno, cuyas credenciales “profesionales” nadie exige, abre la puerta a un manejo ineficaz de la política social, en el mejor de los casos, y electorera en el peor. No es poca cosa: el DIF de Zapopan, Jalisco, obtiene 127 millones de pesos al año, más los jugosos donativos de empresas. El de Tijuana maneja 280 millones y el de Culiacán 132 millones anuales. El gasto se ejerce con gran discrecionalidad. El DIF de Nuevo León gastó en un baile de gala para festejar a los abuelitos 100 mil pesos; en la posada para mujeres, 55 mil, y para el área de atención sicosocial para menores invirtió sólo 126 mil pesos. En las fiestas las primeras damas entregan regalos y sus maridos son, a ojos de las y los convidados, quienes invierten en su bienestar y felicidad. En los actuales tiempos preelectorales, gobernadores y alcaldes que suspiran por otros puestos acompañaron a sus esposas a entregar cobertores, chocolate y galletas, casa por casa. En Cancún se gastaron casi un millón de pesos y en Nuevo León, 880 mil en cobijas y chocolatotes preelectorales. Este organismo que supuestamente debe hacer efectivas las políticas públicas de desarrollo social, está atrapado, en la mayoría de los estados, en un entramado de vicios de poder e ineficacia administrativa y operativa. Atiende, con cuestionable profesionalismo, a niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Entrega desayunos, da asistencia jurídica, se ocupa de víctimas de delitos, se encarga de las adopciones, de la “integración de la familia”, y de todo lo que la dirección en turno considere población vulnerable. Durante huracanes, temblores e incendios, los DIF acopian bienes cuyo manejo se mantiene en la opacidad. Un vistazo a la hemeroteca de los 32 estados permite ver el reiterado uso de dichas ayudas para fines electorales y partidistas. Sin duda, las primeras damas hacen labor de buena voluntad, pero el dinero público no es para jugar a la casita. Pueden creerse Evita y terminar como Marta Sahagún. IFE y San Lázaro deben poner la mirada en el DIF, un lobo con piel de oveja” Obviamente existen excepciones a lo expuesto por la periodista Lydia Cacho, tal es el caso del DIF estatal de Nayarit, que ha dado ejemplo en el manejo trasparente de los recursos que maneja a favor de los más necesitados. El DIF estatal de Nayartit, da cuenta en su pagina web de toda la información acerca de la rendición de cuentas y trasparencia en el manejo de sus recursos, así es posible encontrar disponibles la información sobre su estructura organica y atribuciones, la remuneración mensual de sus funcionarios y empleados, los gastos mensuales de cada uno de sus servidores públicos, los planes y programas de desarrollo, asi como la información sobre presupuestos, programas de subsidios y aportaciones, y el detalle de los resultados de auditorias. Todo esto en cabal cumplimiento a la ley de trasparencia, y sobre todo disponible al todo publico. Un diez para el DIF estatal, lastima que en Acaponeta no podamos tener un DIF igual, el de aquí se parece más a los que menciona Lydia Cacho, ya que el DIF de Acaponeta, no rinde cuentas al municipio, ni al órgano de fiscalización superior, como lo marca la ley de egresos para el municipio de Acaponeta, o si lo hace, no está nadie enterado ya que no lo publican ni lo hacen accesible para nadie. Los $1,920,000 pesos presupuestados para el DIF de Acaponeta y que se entregan en partidas de $80,000 pesos quincenales, no han servido siquiera para acoger al numeroso grupo de indigentes que deambulan por las calles de Acaponeta. ¿En que se gasta el presupuesto el DIF de Acaponeta? ¿Porque no se ha publicado su programa de gastos? Los acaponetences estamos seguros de que mucho hace el DIF a favor de los que menos tienen, pero como ciudadanos tenemos el derecho a estar informados, y los funcionarios públicos, por ley, tienen la obligación de hacerlo. Nada más sano que rendir cuentas, sobre todo cuando los recursos son públicos.
