La política en tacones
Pilar Ramírez
28 de julio de 2011
Una nueva tradición se está construyendo: el alto porcentaje de aspirantes que cada año no aprueba el examen para obtener una plaza magisterial. Este 2011, al igual que los años anteriores, las cabezas de las notas informativas editorializan acerca de los resultados dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública: “Con pobre nivel, 70% de profesores que aspiran a plaza”, “Sólo 0.10% de aspirantes a maestros logró alta calificación”, “Reprobó el 78% de aspirantes a plazas de maestro; sin embargo ocuparán los 21 mil puestos que otorga la SEP; sólo 15% obtuvo calificación de entre 6 y 10”, “Reprueba 78% de maestros mexicanos su examen de plaza”, “Docentes: reprueba 78% pero tiene plaza” se leyó en las primeras planas de diarios de circulación nacional y estatales. Parece que les dieron boletines de prensa diferentes, por las diferencias en los porcentajes.
Pilar Ramírez
28 de julio de 2011
Una nueva tradición se está construyendo: el alto porcentaje de aspirantes que cada año no aprueba el examen para obtener una plaza magisterial. Este 2011, al igual que los años anteriores, las cabezas de las notas informativas editorializan acerca de los resultados dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública: “Con pobre nivel, 70% de profesores que aspiran a plaza”, “Sólo 0.10% de aspirantes a maestros logró alta calificación”, “Reprobó el 78% de aspirantes a plazas de maestro; sin embargo ocuparán los 21 mil puestos que otorga la SEP; sólo 15% obtuvo calificación de entre 6 y 10”, “Reprueba 78% de maestros mexicanos su examen de plaza”, “Docentes: reprueba 78% pero tiene plaza” se leyó en las primeras planas de diarios de circulación nacional y estatales. Parece que les dieron boletines de prensa diferentes, por las diferencias en los porcentajes.
Según los datos que ofrece la SEP en su página sobre los resultados del examen de ingreso al magisterio, es cierto que la mayoría de los aspirantes no obtuvo puntaje aprobatorio, pero se percibe un cierto viraje en el manejo informativo, respecto a años anteriores. Hoy, parece que desde la dependencia federal se manejan los datos para asignar la responsabilidad del fracaso en el examen a los sustentantes, lo cual tiene asegunes varios. ¿Que los estudiantes normalistas egresan mal preparados? Es muy posible; muchos de ellos, como dice Miguel Ángel Sánchez de Armas, delatando su edad, no escriben ni una postal. Para fortuna de ellos, ya no se usan. Ahora presumimos nuestros viajes al extranjero en Facebook, pero allí, en la red, puede quedar constancia pública y perenne de que los aspirantes a maestros no saben escribir. Sólo un dato que tengo como ejemplar: en un grupo donde había un número considerable de egresados de una normal en cuyo nombre se incluye la palabra benemérita y donde el resto tiene contacto continuo con dicha escuela, ninguno supo el significado de esa palabra: benemérito.
En todo caso, los egresados de normales comparten problemas de calidad educativa que aquejan a otras instituciones y disciplinas de la educación superior. No es privativo de las normales, aunque mal de muchos no es consuelo de maestros sin plaza. Constatar este problema, sin embargo, lleva a replantear su análisis y alejarnos de la simpleza de que los maestros o futuros maestros “no saben”. Si la mayoría de quienes concluyeron una licenciatura, cuyos planes de estudio están determinados por la misma autoridad federal que los somete a examen y señala las bases, orientaciones y bibliografía de consulta para poner a prueba sus conocimientos, no logra obtener una calificación aprobatoria, algo anda mal con la educación que se imparte en las escuelas normales o algo anda todavía peor con el examen.
Del mismo modo en que si la mayoría de los estudiantes de educación básica obtienen un bajo puntaje en la prueba Enlace, eso se convierte en indicador de la calidad de la enseñanza que se les imparte, los bajísimos porcentajes aprobatorios que muestran quienes aspiran a ocupar una plaza de maestro habla mucho de la calidad de la educación que recibieron a lo largo de cuatro años en las escuelas normales.
En todo caso, los egresados de normales comparten problemas de calidad educativa que aquejan a otras instituciones y disciplinas de la educación superior. No es privativo de las normales, aunque mal de muchos no es consuelo de maestros sin plaza. Constatar este problema, sin embargo, lleva a replantear su análisis y alejarnos de la simpleza de que los maestros o futuros maestros “no saben”. Si la mayoría de quienes concluyeron una licenciatura, cuyos planes de estudio están determinados por la misma autoridad federal que los somete a examen y señala las bases, orientaciones y bibliografía de consulta para poner a prueba sus conocimientos, no logra obtener una calificación aprobatoria, algo anda mal con la educación que se imparte en las escuelas normales o algo anda todavía peor con el examen.
Del mismo modo en que si la mayoría de los estudiantes de educación básica obtienen un bajo puntaje en la prueba Enlace, eso se convierte en indicador de la calidad de la enseñanza que se les imparte, los bajísimos porcentajes aprobatorios que muestran quienes aspiran a ocupar una plaza de maestro habla mucho de la calidad de la educación que recibieron a lo largo de cuatro años en las escuelas normales.
Se presentaron a concurso 139 mil 455 aspirantes, de los cuales, 42 mil 545 obtuvieron los mejores porcentajes, es un decir, pues el rango es muy amplio, va de 96.25 al 62.60%. Ninguno, nótese, de los casi 140 mil sustentantes pudo responder aprobatoriamente los 80 reactivos de que consta el examen. De modo que 96 mil 900 no aprobaron. La SEP podrá decir que “requieren nivelación académica”, pero en palabras sencillas reprobaron y no tendrán plaza. Ésa es la mala noticia, la pésima es que tampoco la tendrán todos los que aprobaron, pues sólo se pusieron a concurso 21 mil 500 plazas.
Vayamos con los resultados. La definición de los planes y programas de estudio de las distintas licenciaturas para formar maestros de educación básica es atribución exclusiva de la Secretaría de Educación Pública. Si hay una, dos, tres o cien escuelas de muy bajo rendimiento, es comprensible que sus egresados muestren un rendimiento similar en el examen, pero 70% de reprobados muestra un problema nacional que sale del ámbito de una cuantas escuelas. Lo anterior lleva a considerar la posibilidad de que hay un problema generalizado de calidad en la formación de maestros o que el diseño del examen tiene poco que ver con los contenidos que se ofrece a los normalistas.
La SEP anunció hace poco que modificará los planes de estudio de las licenciaturas de educación Preescolar y Primaria, además de que en lugar de cuatro años, la duración de dichas carreras será de cinco. Algunas notas de prensa, preparando el terreno para el cambio que planea la SEP, señalaron que actualmente se forma a los maestros con planes de estudio caducos. Promover la percepción de que los planes actuales no son adecuados es una interpretación favorable a tal cambio, el cual no es bien recibido por toda la comunidad normalista. Ángel Díaz Barriga, investigador experto en el tema, ha señalado reiteradamente lagunas importantes en la formación de los maestros, acusadamente el aspecto metodológico, lo cual justificaría plenamente un cambio de planes de estudio, pero la SEP no ha ofrecido argumentos suficientemente válidos que convenzan a los normalistas sobre su propuesta. Por otra parte, la decisión de ampliar el tiempo de permanencia en la escuela sólo parece sustentada en el interés por retrasar la demanda de plazas y no en las necesidades de tiempo que exige el nuevo plan.
Otro aspecto del asunto de las plazas es la gran demanda de contratos magisteriales frente a los escasos lugares que ofrece la SEP, y que tiene, entre sus causas la proliferación de escuelas normales particulares; problema que permitió crecer la propia dependencia federal junto con los gobierno estatales; hoy, este factor rebasó el plano académico y se convirtió en político, pues se requiere una voluntad a prueba de influencias para poner bajo control a las instituciones privadas, muchas de las cuales no cumplen ni medianamente los requisitos de calidad exigibles a una institución formadora de docentes.
Con datos de la propia SEP, hasta 2008, había 261 escuelas normales públicas y 192 particulares, con casos extremos como los de Veracruz, Guerrero, Distrito Federal y Guanajuato que tienen respectivamente 5, 12, 6 y 8 escuelas públicas, en tanto que particulares son 12, 18, 20 y 33. Las instituciones de sostenimiento privado no soportarían una revisión cuidadosa de su operación; bastaría con revisar los resultados de la pruebas de evaluación que aplica el Ceneval en comparación con las escuelas públicas que –en general- obtienen puntajes más altos, la planta docente e incluso las instalaciones para señalar a cuáles se les debería cancelar la autorización para impartir las licenciaturas para formar maestros. La pregunta es ¿quién se siente capaz de ejecutar una limpieza académica de tal naturaleza sin temor a las consecuencias políticas?
En resumen, el título de esta columna se refiere a las autoridades educativas. Son ellas las que, antes que los demandantes de plazas, están reprobadas, porque no han encarado adecuadamente la problemática multifactorial que presenta el normalismo mexicano. Un interpretación justa de los resultados debería comenzar por señalar la ineludible responsabilidad de las autoridades educativas y, acto seguido, ejecutar las acciones académicas, administrativas y políticas necesarias para garantizar que cada aula de todas las escuelas del país tendrá un maestro al que realmente se pueda confiar la instrucción de la niñez mexicana.
ramirez.pilar@gmail.com
Vayamos con los resultados. La definición de los planes y programas de estudio de las distintas licenciaturas para formar maestros de educación básica es atribución exclusiva de la Secretaría de Educación Pública. Si hay una, dos, tres o cien escuelas de muy bajo rendimiento, es comprensible que sus egresados muestren un rendimiento similar en el examen, pero 70% de reprobados muestra un problema nacional que sale del ámbito de una cuantas escuelas. Lo anterior lleva a considerar la posibilidad de que hay un problema generalizado de calidad en la formación de maestros o que el diseño del examen tiene poco que ver con los contenidos que se ofrece a los normalistas.
La SEP anunció hace poco que modificará los planes de estudio de las licenciaturas de educación Preescolar y Primaria, además de que en lugar de cuatro años, la duración de dichas carreras será de cinco. Algunas notas de prensa, preparando el terreno para el cambio que planea la SEP, señalaron que actualmente se forma a los maestros con planes de estudio caducos. Promover la percepción de que los planes actuales no son adecuados es una interpretación favorable a tal cambio, el cual no es bien recibido por toda la comunidad normalista. Ángel Díaz Barriga, investigador experto en el tema, ha señalado reiteradamente lagunas importantes en la formación de los maestros, acusadamente el aspecto metodológico, lo cual justificaría plenamente un cambio de planes de estudio, pero la SEP no ha ofrecido argumentos suficientemente válidos que convenzan a los normalistas sobre su propuesta. Por otra parte, la decisión de ampliar el tiempo de permanencia en la escuela sólo parece sustentada en el interés por retrasar la demanda de plazas y no en las necesidades de tiempo que exige el nuevo plan.
Otro aspecto del asunto de las plazas es la gran demanda de contratos magisteriales frente a los escasos lugares que ofrece la SEP, y que tiene, entre sus causas la proliferación de escuelas normales particulares; problema que permitió crecer la propia dependencia federal junto con los gobierno estatales; hoy, este factor rebasó el plano académico y se convirtió en político, pues se requiere una voluntad a prueba de influencias para poner bajo control a las instituciones privadas, muchas de las cuales no cumplen ni medianamente los requisitos de calidad exigibles a una institución formadora de docentes.
Con datos de la propia SEP, hasta 2008, había 261 escuelas normales públicas y 192 particulares, con casos extremos como los de Veracruz, Guerrero, Distrito Federal y Guanajuato que tienen respectivamente 5, 12, 6 y 8 escuelas públicas, en tanto que particulares son 12, 18, 20 y 33. Las instituciones de sostenimiento privado no soportarían una revisión cuidadosa de su operación; bastaría con revisar los resultados de la pruebas de evaluación que aplica el Ceneval en comparación con las escuelas públicas que –en general- obtienen puntajes más altos, la planta docente e incluso las instalaciones para señalar a cuáles se les debería cancelar la autorización para impartir las licenciaturas para formar maestros. La pregunta es ¿quién se siente capaz de ejecutar una limpieza académica de tal naturaleza sin temor a las consecuencias políticas?
En resumen, el título de esta columna se refiere a las autoridades educativas. Son ellas las que, antes que los demandantes de plazas, están reprobadas, porque no han encarado adecuadamente la problemática multifactorial que presenta el normalismo mexicano. Un interpretación justa de los resultados debería comenzar por señalar la ineludible responsabilidad de las autoridades educativas y, acto seguido, ejecutar las acciones académicas, administrativas y políticas necesarias para garantizar que cada aula de todas las escuelas del país tendrá un maestro al que realmente se pueda confiar la instrucción de la niñez mexicana.
ramirez.pilar@gmail.com
Cortesía de Periodistas en Línea
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