Por: Marco Lara Klahr
A Carlos Puig, quien lleva aquí el mayor mérito
El sábado, al mediodía, Olimpia Velasco me llamó atónita. Judiciales del DF habían detenido a Mariel, una periodista colaboradora suya que el MP acusó de cómplice de un asesinato.
Le dije que era apremiante conocer las condiciones de la detención y la consistencia de la acusación, antes de hacer cualquier reivindicación gremial, sin descuidar, claro, el trato de la Procuraduría.
Sobrevino el peor escenario: al estilo del vejatorio sistema de justicia penal mexicano; el juez había dictado ya “prisión preventiva”, enviando a Mariel a Santa Martha Acatitla. El sistema funcionaba de maravilla: policías, fiscales y jueces encerraban a alguien que según la Constitución tenía derecho a que se le supusiera inocente.
El aparato de justicia del DF aplastando a una muchacha de 23 años indefensa. La misma brutal acechanza de la que somos víctimas todo el tiempo a manos de nuestros propios gobernantes.
Pero, ¿qué hicimos medios y periodistas? Muchos acudieron de forma sumisa y cómplice a la conferencia de prensa. Tomaron nota e imagen, y corrieron a consumar el “juicio mediático”, erigiéndose en apéndices de un aparato penal que, sin más, viola derechos.
En estos casos las oficinas de comunicación institucional y nuestros propios medios nos sitúan en un papel denigrante: condenar a un ciudadano antes de que un tribunal lo haga, sin siquiera recoger su versión. Pero también ponemos de nuestra cosecha. Y aquí la autocrítica es obligada. EL UNIVERSAL también reprodujo en web dicha versión, tomada de la agencia Notimex, el 9 de julio.
Al final, ¿qué indicios tenía la Procuraduría del DF gracias a su “trabajo de inteligencia”? Un video donde aparece una supuesta cómplice sin parecido con Mariel. La ambigua y tardía declaración de un homicida. Y el testimonio de los agentes según el cual ella trató de huir y mintió sobre su nombre y dirección. Pura basura, gracias a lo cual Mariel está libre, algo que pocos consiguen.
El caso exhibe la urgencia de que el gobierno del DF abandone su pasividad y se comprometa con implementar la reforma penal vigente desde 2008 y, que la Procuraduría del DF deje de abusar de la “prisión preventiva” y de “presentar” a personas imputadas no juzgadas. Se debe crear la Defensoría Ciudadana de Víctimas de la Prensa, no para afectar la libertad de expresión, sino armonizarla con el debido proceso y los derechos de personalidad.
Sobrevino el peor escenario: al estilo del vejatorio sistema de justicia penal mexicano; el juez había dictado ya “prisión preventiva”, enviando a Mariel a Santa Martha Acatitla. El sistema funcionaba de maravilla: policías, fiscales y jueces encerraban a alguien que según la Constitución tenía derecho a que se le supusiera inocente.
El aparato de justicia del DF aplastando a una muchacha de 23 años indefensa. La misma brutal acechanza de la que somos víctimas todo el tiempo a manos de nuestros propios gobernantes.
Pero, ¿qué hicimos medios y periodistas? Muchos acudieron de forma sumisa y cómplice a la conferencia de prensa. Tomaron nota e imagen, y corrieron a consumar el “juicio mediático”, erigiéndose en apéndices de un aparato penal que, sin más, viola derechos.
En estos casos las oficinas de comunicación institucional y nuestros propios medios nos sitúan en un papel denigrante: condenar a un ciudadano antes de que un tribunal lo haga, sin siquiera recoger su versión. Pero también ponemos de nuestra cosecha. Y aquí la autocrítica es obligada. EL UNIVERSAL también reprodujo en web dicha versión, tomada de la agencia Notimex, el 9 de julio.
Al final, ¿qué indicios tenía la Procuraduría del DF gracias a su “trabajo de inteligencia”? Un video donde aparece una supuesta cómplice sin parecido con Mariel. La ambigua y tardía declaración de un homicida. Y el testimonio de los agentes según el cual ella trató de huir y mintió sobre su nombre y dirección. Pura basura, gracias a lo cual Mariel está libre, algo que pocos consiguen.
El caso exhibe la urgencia de que el gobierno del DF abandone su pasividad y se comprometa con implementar la reforma penal vigente desde 2008 y, que la Procuraduría del DF deje de abusar de la “prisión preventiva” y de “presentar” a personas imputadas no juzgadas. Se debe crear la Defensoría Ciudadana de Víctimas de la Prensa, no para afectar la libertad de expresión, sino armonizarla con el debido proceso y los derechos de personalidad.
Cortesía de Periodistas en Línea
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