DERECHO A DECIDIR

La política en tacones
Por: Pilar Ramírez
(Cortesía de Periodistas en Línea)

 

Todos los días, políticos de distinto calibre ―el suficiente para que sus dichos sean recogidos por los medios― hacen declaraciones sobre la democracia. Hablan de situaciones que la ponen en riesgo, de su futuro, de legislar para que haya más, de buscar nuevas y mejores condiciones democráticas, etcétera.

A fuerza de manosear el vocablo, se le ha despojado de sentido. Un incontable número de ocasiones su supuesta búsqueda no ha sido sino el pretexto perfecto para alcanzar el poder o afianzarse a él. La antigüedad de la existencia del concepto no hace más fácil su definición, porque su descripción más sencilla como “poder del pueblo” da lugar a una gran cantidad de interpretaciones.
Eso querría decir que cuando el pueblo, o una parte de él, no manda, entonces no hay democracia. Es decir, cuando el pueblo no tiene poder. Afirma Giovanni Sartori que “el poder es una relación: un individuo tiene poder sobre otro porque le obliga a hacer lo que de otra forma no haría”. No dejan de resultar extrañas las sociedades que hoy conocemos como democráticas, porque millones de sus habitantes ven transcurrir toda su vida sin lograr ―y a veces ni siquiera intentar― que otro haga lo que quiere, es decir, sin posibilidad de ejercer poder alguno.
Se dirá que eso sucede porque no vivimos en una democracia directa, pues las dimensiones de nuestra sociedad no lo permitiría, sino que vivimos en una democracia representativa, lo cual también tiene sus asegunes, porque otros tantos millones ni siquiera conocen a quienes dicen representarlos.
Hace un año, luego de estar presas durante largo tiempo, fueron liberadas en Guanajuato siete mujeres que cumplían condenas acusadas del delito de homicidio en grado de parentesco, pues de haberles imputado el delito de aborto, las penas hubiesen sido menores, pero la idea era castigarlas más duramente. La opinión pública impidió estos encarcelamientos injustos. Desafortunadamente no son las únicas, al día de hoy, organizaciones defensoras de derechos humanos han contabilizado 166 averiguaciones previas en la misma entidad por casos similares, como resultado, hay quienes purgan condenas de 25 a 35 años de prisión. Se le cambia el nombre al delito pero los castigos son por abortar.
No ha trascendido que estas mujeres hayan utilizado en su defensa que el legislativo no las representó adecuadamente cuando aprobó leyes de las que ellas no tenían conocimiento. Es decir, que no fueron partícipes de la democracia, pues nunca fueron siquiera consultadas al respecto. Para acabar pronto, ese cacareado poder del pueblo no les llegó. Es más, están tan carentes de poder que no sólo están imposibilitadas de obligar a otro a hacer algo, sino que tampoco pueden decidir sobre sí mismas, porque los derechos de su cuerpo los tutelan otros.
Estas mujeres y muchas más en el país, como podrá ser en Baja California, San Luis Potosí y catorce entidades más, pueden ser encarceladas si deciden interrumpir sus embarazos, porque los congresos estatales decidieron, aparentemente en su representación, proteger la vida desde la concepción. Y, en la ciudad de México, la acción de inconstitucionalidad contra dichas leyes, en Baja California y San Luis Potosí, que las van a castigar por decidir sobre sus cuerpos, fue desechada porque sólo siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ocho que se requerían, votaron a favor de ella; el voto en contra de cuatro ministros fue suficiente para autorizar a las entidades a encarcelar a las mujeres que aborten. Es bien sabido por todos que irán a parar a la cárcel sólo quienes no tienen recursos para practicarlo en forma segura.
La tarjeta informativa emitida por la Suprema Corte señala que la discusión “se basó en un análisis estrictamente constitucional”. Llama la atención el señalamiento porque parece aclaración no pedida. ¿Será con dedicatoria al obispo de Mexicali, Isidro Guerrero, quien afirmó que el Papa llamó a un ministro para solicitarle votar contra el aborto? ¿Por qué habría de mentir el representante eclesiástico acerca de la llamada del Papa? El desmentido no es suficiente para eliminar las sospechas. ¿Acaso el obispo Guerrero no conoce el octavo mandamiento? ¿O lo olvidó quien redactó el desmentido? ¿Será que se considera mentira piadosa?
En el análisis de la democracia mexicana y específicamente en los derechos de las mujeres, ya sabemos quiénes si pueden hacer que otros hagan lo que ellos quieren. Es decir, quiénes sí tienen poder.
ramirez.pilar@gmail.com